La central nuclear de Garoña es la segunda central nuclear que se construyó en España y la 10ª en activo más antigua del mundo. El Gobierno de España ha anunciado su cierre inminente y definitivo tras 51 años plantada en pleno Valle de Tobalina, provincia de Burgos. El Gobierno termina aquí el proyecto de la empresa Nuclenor que pretendía alargar la actividad de esta vieja central hasta el año 2031 y marcar el camino a seguir de las demás centrales españolas operativas, que llevan entorno a los 40 años de actividad. También el Gobierno es el culpable de que esta central no genere electricidad desde el año 2012, a causa de un impuesto que suponía inviable la explotación, de modo que no es cierto lo que alega el Gobierno, cuando dice tener las “manos atadas” en cuestión energética, ya que “aparecen” y meten la cuchara cuando más les interesa. Para unos casos dicen “son empresa y no tenemos jurisdicción”, pero para otros similares intervienen con toda la fuerza de que disponen.
En el año 1957 se creó el grupo Nuclenor (Centrales Nucleares del Norte SA.), entre Iberduero y Electra de Viesgo, aportando un capital de 5 millones de pesetas, destinadas para la construcción de una central nuclear pionera en Europa. Tras elegir los terrenos cercanos a la localidad de Santa María de Garoña, salieron a concurso las obras, siendo elegida la empresa norteamericana General Electric que, entre 1966 y 1970 construyó un reactor de 466 MW de potencia, mismo modelo que la de Fukushima, en Japón, pero mejorada por expertos españoles. En marzo de 1971 iniciaría su actividad produciendo una potencia anual que en 2011 era de 3.742 GW/h y unos beneficios brutos de 150 millones de euros (también anuales), beneficios suculentos, ya que la central estaba amortizada desde hacía bastantes años y desvinculada de los “mercadeos eléctricos españoles”.
Desde el accidente de Chernobil en 1988 la fobia contra la energía nuclear se incrementó hasta niveles alarmantes (y con razón). La Central de Garoña no fue ajena a dicha fobia y se vieron aumentando las protestas a nivel regional y nacional, sobre todo cuando un año después saltara la alarma por una tubería que produjo un “disparo” del reactor. Algún que otro escape y conato de incendio, de leve peligrosidad, es todo lo que se ha registrado oficialmente en esta central. Pero no ha sido una cuestión de seguridad o riesgo lo que ha motivado al ministro Álvaro Nadal y decidirse por el cierre definitivo, sino un enfrentamiento irreconciliable entre todas las partes afectadas por o con la explotación de la central. En este enfrentamiento caben los vecinos que desde años han visto progresar sus vidas gracias al trabajo directo o relacionado con el complejo, otros vecinos que ya están hartos de soportar la proximidad de un reactor nuclear, con el riesgo que supone en caso de accidente, además de las asociaciones pro-medioambientales, a los políticos locales y regionales de todos los partidos enfrentados (seguramente por cuestiones económicas), además de las “discrepancias sobre la solicitud expresadas por Iberdrola y Endesa”, y a pesar de que el CSN emitiera un informe favorable a la reapertura de la Central de Garoña, se ha decidido su desmantelamiento.
¿Qué principal problema económico se discute desde hace meses en las juntas de accionistas? Pues los 358 millones de euros que ha costado el mantenimiento de la central nuclear sin estar operativa, esto es, desde el 2012 hasta la actualidad, según ha informado Europa Press. Probablemente signifique otro “sablazo” en los recibos de la electricidad para todos los españoles, pero si el Gobierno decide cerrar todas las centrales y cambiarlas por plantas solares (se ha aprobado la construcción de dos nuevas, por fin), al menos estaremos cambiando energía peligrosa y contaminante por otra renovable.
César Metonio.
