Comprobado el poder que ejercen los políticos en el mundo libre, en teoría otorgado por el Pueblo, ¿Qué se puede hacer cuando no se respeta el Derecho ni dichas libertades fundamentales? ¿Qué se puede hacer cuando un político llega al cargo más elevado y no cumple con lo prometido y aplica el despotismo? Una propuesta pocas veces estudiada nos la dieron los celtas de hace 25 siglos, una solución muy bien pensada contra la corrupción y que puede evitar incluso el ascenso de dictadores al poder.
Está visto que llevamos probando sistemas de gobierno desde que fundamos las primeras sociedades neolíticas. Algunos sistemas han sido verdaderamente equilibrados, llámense republicanos o tiranos, casi siempre orquestados para que los más sabios gobiernen, o por elección de un rey, que demostró su valía y se confió en sus capacidades. Pero todos estos sistemas, absolutamente todos terminaron corrompidos, casi inmediatamente o en las siguientes generaciones.
Los celtas crearon sólidas sociedades ya en el siglo VI a. de C. Teóricamente fundaron asentamientos en Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Francia, Cornisa Cantábrica y numerosos castros en Galicia, ocupando media Península Ibérica, y donde más tiempo permanecieron, en las Islas Británicas, con Irlanda, una isla que subsistieron hasta que San Patricio los convirtiera en masa al Cristianismo. En este último lugar compartieron sus creencias religiosas con la fe en Jesucristo durante mucho tiempo. Pero a pesar de ser una cultura tan extendida, la Romanización los borró de la faz de la tierra, sin dejar apenas rastro, principalmente porque no conocieron la escritura. Los celtas, amantes de la naturaleza, también fueron viajeros, emigrantes natos y, curiosamente, todos los lugares donde se asentaron fueron y son puntos tradicionalmente migratorios en la Historia. Pero vayamos a lo interesante en este nuestro tema político.
Lo poco que conocemos de los antiguos celtas proviene de las crónicas contemporáneas a Julio César y su invasión de la Galia, contadas por el mismo líder romano y luego ensalzadas en gran parte por Veleyo Patérculo, Plutarco sobre todo y Suetonio. Para no extenderme más en detalles, añadiré que Plutarco nos cuenta de dicha guerra, que los celtas se dejaban guiar por un druida que ostentaba el poder “como los reyes”, pero con una singularidad que no conozco en ninguna otra sociedad: “si ocurriera una situación económica, bélica o natural que llevase al desastre del colectivo, el druida debía sacrificarse a los dioses y sustituirse por otro más adecuado al elevado cargo”. Dicho sacrificio debía conducirse de “motu propio”, un suicidio a lo “japonés”, por decir de alguna sociedad antigua comparable, aunque los líderes celtas se arrojaban por un barranco o acantilado.
No Hace falta conocer más detalles para establecer la inteligencia de dicho sistema de gobierno, donde cualquier exceso y error del dirigente le puede ocasionar la muerte inminente y la deshonra. Darle este giro a las sociedades modernas supondría equilibrar debidamente el delito para que no solamente pagaran los asesinos menores, los que matan a personas empuñando un arma, sino para esos otros asesinos que ordenan las matanzas o dejan a los ciudadanos sin la subsistencia básica para la supervivencia, y luego se amparan en sus altos cargos políticos, en sus privilegios y aforamientos, para quedar impunes a la Justicia.
Lo bueno de la “solución celta” es su fácil aplicación en cualquier sistema político, ya que solamente se necesita de un decreto ley donde se especifique que el Pueblo tiene derecho a juzgar a sus gobernantes en cualquier momento de su legislatura, y prescindir de sus servicios en caso de no cumplir su programa electoral. En un sistema libre y democrático, el Pueblo puede y debe añadir cualquier precepto que le apetezca tras un referéndum, pues resulta que es el Pueblo quien debe condicionar a las sociedades y no el político, que es el punto al que hemos llegado en la actualidad. Ahora mismo, cualquier político que esté situado en el área de gobierno, puede legislar sin aprobación del Pueblo, y sea positiva o negativa su aportación, no tiene que dar explicaciones ni cuentas nunca. Esa es la praxis de los últimos 40 años, al menos en España, pero lo vemos en casi todas las sociedades modernas del mundo.
Para cualquier profesional, de cualquier oficio, un error le puede costar el empleo y hasta una pena de prisión o el pago de una desproporcionada indemnización, pero un político o funcionario rara vez paga por sus errores o delitos. No conozco ningún caso donde un político, aprovechando su estatus de alto funcionario, haya devuelto a las arcas el dinero robado, o pagado por un error que haya causado muertes. Creo que no hace falta echar mano de hemeroteca para comprobar los cientos de políticos que incluso salen en televisión como héroes, cuando arrostran acciones más que susceptibles de delitos mayores en sus carreras. Resulta curioso que en España se juzguen ahora delitos que ocurrieron hace más de 80 años, pero que “prescriban” los actuales. Por dar un ejemplo reciente: el caso “Isofotón”, que extrañamente ha prescrito, cuando tres ministros del actual Gobierno de España estaban involucrados. Por deciros de «una más» de las muchas «ilegalidades» que se permiten a todos estos señores y señoras de la Política.
Está comprobado que disminuyen los delitos ante la perspectiva de una posible sanción o castigo más duro. Cuanto más grave delito, más duro castigo, y creo que va siendo hora de castigar a los políticos con dureza, pues a día de hoy, solamente se les desprestigia, se les “aparta”, pero no se les castiga. La Solución Celta daría fin a los despotismos desproporcionados, como el caso de Putin y su dictadura inconstitucional, por ejemplo y por salirnos al ámbito internacional.
Todo el mundo sabe que hace más de una década que debió retirarse de la Política este señor que dice representar a los rusos. Al menos, tras sus primeros 8 años de legislatura. Pero reformó la Constitución Rusa sin consultar al Pueblo, y eso dio lugar al status qvo. Si se hubiese aplicado la Solución Celta en dicho país, ese señor estaría ahora jubilado en Altea o Benidorm. No se puede permitir que los psicópatas gobiernen.
A ningún político se le exige un test psicológico o psicotécnico para acceder al escaño o a la presidencia, y es el mínimo que se debería exigir a una persona que va a gobernar y representar a millones de personas. Al menor síntoma de desequilibrio o sin sentido, el Pueblo debe tener la opción de despedir al gobernante, y es algo que no contempla la Ley de una forma tajante. Dicha potestad solamente la puede aplicar su Partido, o un voto de censura (que no nos libraría de otro político corrupto). El Pueblo no tiene más arma que votar cada cuatro años, a alguien cuyo perfil se desconoce realmente. Vivimos una dictadura de esta clase, llamada política, que ha sabido década a década blindarse y acaparar todas las riquezas y poder del Pueblo, fundamentándose en la Constitución cuando le ha convenido, y obrando fuera de ella también cuando le ha convenido.
César Metonio.
