Han llegado 45 años tarde, pero han llegado por fin las lenguas cooficiales al Congreso de los Diputados de España, tal y como manda la Constitución de 1978. En ella se señala claramente la cooficialidad de las lenguas vernáculas de los territorios históricos, pero que los castellano parlantes nunca quisieron ni quieren admitir.Si bien es cierto que esta cuestión los políticos la sitúan a la Izquierda o la Derecha del Hemiciclo, es otro dilema que no tiene color político, pues es una cuestión puramente cultural y con miles de años vivida en la Península Ibérica: el bilingüismo. Los castellanos pensarán que su idioma es puro y entendido por todos, pero ya les digo yo (como testigo), que todavía existen personas que ni lo usan ni entienden. Conocí personas mayores en mi Comunidad Valenciana que no lo entendían, como en otras regiones, por ejemplo la gallega. Pero no es esa la cuestión principal, ni que los castellanos piensen que su idioma está exento de “extranjerismos”, como del inglés o arabismos en más de un 20 %, e incluso voces y palabras provenientes de las demás lenguas hispánicas, de todas ellas, aunque probablemente del gallego y del valenciano sean las más abundantes. Exceptuando al eusquera, no resulta tan difícil entenderlas.

Es más bien una cuestión de Derecho “pendiente” que nunca se ha llevado a cabo, una cuestión que merece un amplio post y que estoy redactando en paralelo desde hace unos meses. El bilingüismo se ejerce en España desde siempre, desde que conocemos el comercio entre colectivos diferenciados por lenguas. Los castellanos parlantes hace décadas que estudian inglés o francés, pero sufren un odio incomprensible por las demás lenguas cultas de la Península. Y eso se debe a un motivo histórico: un intento nunca conseguido por autoridades e iglesia por erradicar la rica y variada cultura hispánica en beneficio de una sola.

Hay otra cosa que me llama la atención: el momento cuando llega esta nueva «imposición» por un Gobierno que se supone está en funciones hasta la investidura del Gobierno Oficial. ¿Es legal promulgar leyes administrativas o sociales por un Gobierno en funciones? ¿O es que sencillamente los políticos ejercen una dictadura enmascarada en una Democracia, con la que suprimieron la Consulta desde 1982, y les da lo mismo seguir o no el protocolo de la legalidad?

En España hablan, además del castellano, otra lengua española al menos 12 millones de personas (de 19 millones que residen en 5 regiones autónomas). Estos suponen más del 30 % que se han criado como yo en el país, con otra lengua, descubriendo en preescolar que existía la oficial del Estado. Un sentido innato me inculcó una desconfianza por los que solamente se comunicaban con ésta, pues lo familiar para mí era el valenciano. Nadie me explicó nada de la política, solamente sabía que mi familia hablaba de una manera y en el cole de otra. Tuve que descubrir leyendo el porqué de esta pluralidad lingüística, y nunca me conformé con una sola respuesta. Lo primero que me llamó la atención es decubrir odio por ambas partes: el proveniente de “conservar” el estatus quo, que abarcaba la Derecha y parte de la Izquierda política, y la de “cortar” con lo establecido, declararse en rebeldía para expulsar lo foráneo, que llegaba por parte de los políticos separatistas, pseudo-republicanos y de la Izquierda más radical, que a éstos les vale cualquier tipo de vindicación en contra del sistema, sea cual sea. Ambas partes han usado la misma arma de siempre: fomentar el odio y el adoctrinamiento. Ambas partes han inventado una Historia de España alejada de la realidad de los hechos. Está claro dónde está el problema, son estos señores que han creado una España de funcionarios y políticos, por y para ellos, que no consultan, sino que hacen y deshacen a capricho. La libertad debe reflejarse también en la Educación, sin adoctrinamientos interesados por ninguna de las partes.

Si se hubiese hecho este simple gesto de la traducción simultánea cuando se debía, es decir, en 1978, todos los separatismos habrían menguado. Es una cuestión de respeto, de fomento del espíritu democrático pues, quedan todavía cuestiones que no han variado en más de un siglo, sobre todo en la legislación. En la cuestión de la vivienda, por ejemplo, seguimos parcheando una ley obsoleta de 1908 (Ley Hipotecaria), cuando a estas alturas, sigue prevaleciendo el interés de grandes propietarios y bancos. Por culpa de leyes obsoletas como esa, en los países desarrollados necesitas una verdadera fortuna para acceder a una vivienda de segunda mano, o alquileres desorbitados por la especulación de bancos e inmobiliarias. Siguen los desahucios a mayor ritmo que nunca, a pesar del “paripé” que montó la Izquierda hace unos años, y no se resuelve nada. Todo se resume con la “okupación” o “desokupación”. Una verdadera lástima. Ocupémonos primero de lo básico, que todavía está pendiente. Nos hacen pensar que los bancos y políticos pueden resolver la mayor parte de los problemas, cuando es la Legislación con el consenso del Pueblo quien tiene que decidir, buscar el término medio más justo posible para todos, y no permitir que los políticos legislen a capricho.

Ahí está la solución justa en la cuestión de las lenguas españolas: el término medio. Pero resulta que nunca se buscó el Derecho más que con la fuerza de la violencia dialéctica y la amenaza. Simplemente porque no se respeta al prójimo. Sin esta cuestión del respeto resuelta, no podemos resolver lo demás. Cuando se hace tarde, ocurre otra falta de respeto: la “interior”, pues en 1978 valencianos y baleares estarían representados en Cortes, pero se les dio tiempo a los barceloneses a “comprar” su “gran mentira catalanista” y resulta que los miembros de la Antigua Corona de Aragón somos ahora catalanes. Una vergüenza. Pero esa es otra cuestión que se debe resolver, como he dicho, en cada región histórica interesada.

Para finalizar, tengo un gran amigo gallego, bilingüe como yo, al que le parece inútil la medida de los traductores en el Congreso. “Es un gasto y utilidad perfectamente suprimible a estas alturas”. Claro, él es más de diez años menor que yo, prácticamente nació con la Democracia, cuando comenzó una política de permisividad a las demás lenguas españolas. No observa la discriminación sufrida durante siglos, y que sus antepasados arriesgaron sus vidas por mantener su legado cultural vivo. La memoria histórica no debe ser parcial, es sólo una y no se puede cambiar a capricho, en ningún sentido político, ni dársele una sola dirección (la que interese políticamente en el momento dado). No sólo se debe conservar el legado cultural español sino dársele la visibilidad pública que merece desde hace siglos. En fin, queda eso de que “con el castellano todos nos entendemos” y seguramente sin esta herramienta mi amigo gallego y yo no nos entenderíamos, pero es como decir: “destruyamos todo lo que no gusta a algunos”. Y ocurren estas cosas porque los políticos hacen las cosas tarde y mal.