Resulta curioso que exista un solo tema en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, Cámara del Congreso y Senado de España, donde todos los partidos políticos están de acuerdo y no pactan ni se buscan apoyos entre ellos porque lo tienen todos los miembros más que claro: subirse desproporcionadamente los salarios, retribuciones, dietas y, de paso, gozar también de jugosas jubilaciones, para y por realizar un trabajo que cualquier español sin estudios puede realizar, sin ninguna preparación especial, más allá de seguir unas directrices predispuestas en la sombra.
Me encantaría que algún ayuntamiento u órgano de poder en España me escribiese para desmentir dicha afirmación (absténganse algunos municipios pequeños), pues busco por los Medios y solamente he observado mucha prisa en todos los plenos para hacer efectiva la subida antes de las merecidas vacaciones. Porque los hoteles de lujo, el alquiler de jets privados, yates o los viajes a las Bahamas no son nada baratos, y estos señores políticos, que velan por una España de progreso y empleo, deben descansar en los mejores destinos turísticos.
Me encantan esas fuerzas políticas que han conseguido el voto posicionándose a la Izquierda e incluso renegando de las políticas de despilfarro y contra la desigualdad social, cuando en los plenos no han dudado en votar a favor de un aumento salarial a su favor. De los posicionados a la Derecha resulta una actuación esperada más o menos, pero me ha sorprendido un poco que los partidos regionalistas, republicanos y demás izquierdas, no duden en esquilmar las arcas, demostrando la hipocresía y poca vergüenza que estos 450.000 políticos españoles tienen, demostrando también que viven en un paraíso fiscal consentido.
Me parece una grandísima ofensa que lleven más de 2 años protestando los jubilados todos los domingos en la plaza del Ayuntamiento de Bilbao por una subida digna (al menos sobre el IPC) y que llegue esta “nueva remesa” de políticos a ocupar el trono y se suban el sueldo hasta un 20 % como he leído en muchos casos (Málaga por ejemplo). Creo que es un desafío intolerable y si se debe reformar la Constitución debe ser en este sentido principalmente, ya que estamos hablando de una sangría para el país de más de 100 mil millones de euros anuales, es decir, casi un tercio de los Presupuestos Generales que se destinan a la clase política. Según nos cuenta el periódico El Mundo, el Estado gastó 127.000 millones de euros en sueldos públicos en 2018. Pero si multiplican 450.000 por 50.000 euros de media anuales, se obtiene una cifra escandalosa que ni quiero reflejar, cifra que debería ser controlada y limitada por Ley.
Aumento de recursos y asesores para el Ayuntamiento de Cádiz por unanimidad:
El problema de reformar la Ley en este sentido y en este país es que ningún político tiene cojones para dar la solución definitiva y justa, que pasaría por un ajuste más realista a la economía nacional. España tiene cada vez más pobreza pero también cada año más millonarios, y eso pasa en parte por los políticos que se retiran a sus negocios tras 4 años de actividad pública y que alcanzan dicha cifra millonaria, impulsan sus actividades privadas con una “fresca inyección capitalista” venida de su cargo público. Los millonarios españoles son la mayor parte políticos en funciones o retirados tras una sangría de los fondos públicos, sea de manera oficial, por un sueldo recibido desorbitado, o de los consabidos casos de corrupción, que se cuentan por miles. Del mismo modo que España no necesita de 450.000 políticos, tampoco debería permitir salarios de 50/100.000 euros anuales, porque son salarios del “mundo de yupi” que solamente alcanzan los más exitosos empresarios del mundo y deportistas o artistas de élite. No niego que la figura del Presidente e incluso los ministros, merezcan salarios aumentados, pero serían los únicos permisibles por la razón. Por usar el símil futbolero, es como si en nuestro país, todos los futbolistas cobraran lo que Messi.
A mi me parecería correcto que todos estos señores cobren dichas cantidades dinerarias siempre y cuando sirviera para una mejora de la sociedad y economía general española, pero eso no ocurre, demostrando que es un despilfarro. Eso debería reflejarse en la Constitución Española, pues es un tema que nos incumbe a todos: regular el número de políticos y el salario a percibir por éstos. Eso si, redactado por economistas tras un exhaustivo estudio y rubricado en las urnas por todos. De llevarse a cabo este ajuste, la economía española, las arcas del Estado y demás instituciones volverían a ser capaces hasta de generar empleo. La deuda externa aumenta desde el año 2008, y ya asciende a 787.000 millones de euros (fuente El Mundo), pero el Estado no reduce su gasto público, curiosamente lo aumenta, recortando los servicios a la ciudadanía para compensarlo. Nos están tomando el pelo los políticos.
25 millones de seres humanos en España, al menos, subsisten con menos de 900 euros al mes, pero los políticos ganan hasta 10.000 euros mensuales y una consabida paga de Jubilación. Según nuestro sistema económico, los que cobran menos de 900 son los que soportan los gastos de los que ganan 10.000, ¿No es absurdo que continúe esta desproporción? Pues si, porque a los que cobran 10.000 no les interesa para nada que los contribuyentes aumenten sus salarios, necesitan que aumente el número de contribuyentes, pero que no ganen más, para mantener su status económico, desembocando irremediablemente a un país contrastado por una minoría super-rica y una mayoría pobre. El “despotismo” puede llegar desde una sola figura, tal y como la Historia nos enseña, pero en los tiempos modernos sufrimos otra clase de despotismo, y no precisamente “ilustrado”, como es el ejercido por una clase política, esa misma que llamó Pablo Iglesias “casta” y de la que él mismo forma parte activa. Es penoso, pero eso es lo que tenemos desde hace siglos y no le ponemos remedio.
César Metonio (vuelve a la carga)
