Según noticia difundida por EuropaPress, el Tribunal Constitucional ha declarado Inconstitucional la Amnistía Fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó en marzo de 2012 para beneficio de casi 30.000 empresarios, políticos, artistas y contribuyentes en general, que habían defraudado a Hacienda (dentro de los límites establecidos en dicha amnistía). Debemos recordar que en esa época, todavía se hacía eco en los Medios aquella famosa “inyección” al sector de la Banca, controvertida para la sociedad, que pensábamos que los escándalos continuados de ésta (casos CAM, BANKIA, Caja Castilla la Mancha, etc) debía pasarles factura, como al resto de Empresas modestas y Autónomos en España, de los que nadie se acuerda cuando pasan dificultades y que a decenas de miles se destruyeron sin miramientos ese mismo año 2012.
Ahora resulta que, una vez más, se aplicó una Ley incompatible con nuestro Sistema Constitucional de Gobierno, que en el Congreso de los Diputados, nuestros representantes no se conocen la Constitución y lo que es peor: se puede interpretar la Constitución como si fuese un texto escrito en sánscrito o en castellano tan antiguo, que requiere interpretaciones. ¿Resulta realmente tan ambiguo el texto de nuestra Constitución de 1978? Porque si es nuestra “biblia” y el motivo para que unos señores políticos se sienten a gobernar, me parece que algo no funciona.
Se ha tardado 5 años en reconocer que aquel “capricho” o licencia que se tomaron los del Partido Popular, por afán de Montoro por perdonar deudas (entiéndase sarcasmo) y recuperar capitales, fue una maniobra “ilegal”, pero que alguien me explique de qué sirve ahora dicho reconocimiento, una vez que se han beneficiado todos los defraudadores y han seguido incrementando sus beneficios gracias a una amnistía inmerecida y discriminatoria. Está visto que en este país, hacer fortuna como empresario, es simplemente una cuestión de azar si no se tienen amigotes en los lugares pertinentes de la Administración.
Se vulneró el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto ley cuando las medidas aprobadas afectan «de forma relevante o sustancial» a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del «deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» (artículo 31.1 de la Constitución).
En su recurso, el PSOE señalaba que la medida adoptada por el departamento de Cristóbal Montoro favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento. Ya que he mencionado los favoritismos de este país por la Banca, ahí os dejo el comentario de ADICAE sobre el rescate del Santander al Popular (“rescatados” también por 1 euro, como en su día la CAM por el Sabadell).
¿Qué tiene que ver la Banca con la declaración inconstitucional de la Ley de Amnistía Fiscal? Pues todo, ya que nuestro sistema económico pasa por las manos de los políticos en connivencia con la Banca, sabedores que acabarán en las administraciones de todas estas empresas privadas con privilegios y que las resoluciones que tomen los Tribunales, sea del nivel que sean y provengan de Madrid o de Bruselas, no les afectarán, pues sus colegas, aunque exhiban otros eslóganes en futuras Elecciones, les cubrirán las espaldas, bajo el beneplácito del FMI. Si la intención en origen fue la de recuperar parte de los fondos fiscales evadidos por los defraudadores, la acción sirve para conocer una cifra escalofriante, la de casi de 30.000 españoles que se acogieron a dicha amnistía.
¿Qué pasa con los Bancos? Resulta que cualquier Autónomo, que mueve 1.000 euros al mes, euro arriba o abajo, se ve sometido a unas medidas de control fiscal ya desde que ingresa su primer euro, pero existen decenas de miles de “contribuyentes” en España, que mueven más de 100.000 euros al año, cuyas medidas de control fiscal no les afectan. Son los empresarios que mueven mayor cantidad de efectivo, y son los que evaden impuestos y abren cuentas en paraísos fiscales. Si Hacienda es capaz de detectar, a través de los Bancos y en colaboración, cualquier “anomalía” en la cuenta de un Autónomo o Pensionista “mileurista”, ¿cómo no va a detectar y a tiempo todas estas sangrías de millones de euros evadidos por grandes empresarios? ¿Qué clase de inspectores trabajan en España que son capaces de encontrar una aguja en un pajar y no ven el “camello”?
César Metonio
